La autoridad actuó fuera de su competencia, toda vez que al momento de dictarse, existían controversias pendientes en conocimiento de los tribunales superiores de justicia.

El actor y el recurrido reclamaron ser dueños exclusivos, en virtud de un título de dominio inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de San Fernando.

Su actuar no importó un accionar lo suficientemente injurioso como para justificar su despido.

La obra podría producir efectos adversos en el humedal El Culebrón, sin embargo el asunto está siendo revisado por la Superintendencia del Medio Ambiente, por lo que le corresponde concluir aquel procedimiento.

Todo cuestionamiento relativo a la procedencia de la regularización solicitada debía ser conducida de la forma y dentro de los plazos establecidos en el Decreto Ley Nº2.695, y no por la presente vía.

El plazo de prescripción es el de cinco años, sea por aplicación de las normas del Código Civil o del Código Penal. Ante la falta de reglamentación especial, operan las normas ordinarias de prescripción.

Este deber de abstención impide la revisión de un mismo acto de manera paralela en sede judicial y administrativa, lo que evita decisiones contradictorias y la afectación del principio de eficiencia.

Las bases de licitación prevén que en todo momento el concesionario está obligado a cumplir con las medidas sanitarias para resguardar a usuarios y terceros, y a tener una reserva de horas virtual.

La nulidad de derecho público es una acción general, y no un reclamo de ilegalidad como el establecido en la Ley 19.886, por lo que su competencia radica en la sede ordinaria.

El derecho a no ser discriminado por razón de sexo constituye uno de los derechos humanos fundamentales cuyo respeto debe garantizar el Tribunal de Justicia.