Todo cuestionamiento relativo a la procedencia de la regularización solicitada debía ser conducida de la forma y dentro de los plazos establecidos en el Decreto Ley Nº2.695, y no por la presente vía.
El plazo de prescripción es el de cinco años, sea por aplicación de las normas del Código Civil o del Código Penal. Ante la falta de reglamentación especial, operan las normas ordinarias de prescripción.
Este deber de abstención impide la revisión de un mismo acto de manera paralela en sede judicial y administrativa, lo que evita decisiones contradictorias y la afectación del principio de eficiencia.
Las bases de licitación prevén que en todo momento el concesionario está obligado a cumplir con las medidas sanitarias para resguardar a usuarios y terceros, y a tener una reserva de horas virtual.
La nulidad de derecho público es una acción general, y no un reclamo de ilegalidad como el establecido en la Ley 19.886, por lo que su competencia radica en la sede ordinaria.
El derecho a no ser discriminado por razón de sexo constituye uno de los derechos humanos fundamentales cuyo respeto debe garantizar el Tribunal de Justicia.
La consulta fue realizada por varias organizaciones sindicales.
El fallo recoge las 27 reglas que denomina el “abecedario del maltrato habitual”.
La obligación de proteger la vida de las personas detenidas importa también la obligación de las autoridades de proporcionarles la atención médica necesaria para salvaguardar su vida.
El estudiado por la Comisión señala que, en situaciones excepcionales, tanto la Corte de Apelaciones, juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal, podrán proceder en forma remota por videoconferencia o semipresencial.
