Giggle, una aplicación que se promociona como un espacio seguro para mujeres, utiliza un software de inteligencia artificial que analiza selfies para determinar si un usuario es mujer o no. Tras completar con éxito este proceso de verificación, la demandante obtuvo acceso a la aplicación entre febrero y septiembre de 2021.

El acusado pretendía anular el fallo condenatorio, acusando que el Ministerio Público decidió excusar a una de las víctimas para declarar, y posteriormente, la llamó a estrados de forma telemática, circunstancia que no puede ser catalogada como anómala, pues dicha declaración se efectuó conforme a derecho.

SERNAPESCA denunció a particular que transportaba merluza austral y reineta, sin contar con la debida documentación para acreditar el origen legal de las especies, por lo que fue sancionado con el pago de una multa total de 190 UTM.

Pese a haber reiterado la quejosa, en múltiples oportunidades a lo largo de este pleito, su imposibilidad de cumplir con lo exigido cautelarmente, con su conducta posterior demostró que ello no era cierto, lo que linda con la aplicación al caso de la teoría de los propios actos. Sostener lo contrario significaría prohijar situaciones de abuso procesal, contrarias -por ende- al principio de buena fe.

El objeto principal del juicio se vincula -en principio- con la interpretación, sentido y alcance de aspectos relativos a los derechos de autor y de propiedad intelectual sobre el diseño indicado por el actor, regulados por la normativa aplicable, motivo por el que se estima que corresponde atribuir competencia a la justicia nacional en lo civil.

Establece medidas tales como el aumento de un 1% a un 2% del porcentaje mínimo que deben cumplir las empresas que cuenten con 100 o más trabajadores, mayor fiscalización en el sector público y aumento de las multas para las empresas que incumplan la norma.

Los demandantes argumentan que estas medidas representan una desviación de las prácticas establecidas y cuestionan su compatibilidad con las leyes federales de inmigración. La demanda solicita que se reviertan los cambios y se restablezca la aplicación estricta de las normativas anteriores, argumentando que cualquier modificación de tal envergadura debería someterse al debido proceso legislativo.

La obra es del profesor y Phd. en Derecho por la Universidad de Navarra, Max Silva Abbott.

“A juicio del Tribunal, no se configura en este caso el requisito basal para efectuar un requerimiento de ingreso al SEIA, a saber, la existencia de un proyecto, toda vez que el proyecto de titularidad de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda estaba asociado al convenio suscrito con la Fundación Circular, el cual -desde 2021- no está vigente. De esta forma, la SMA, al efectuar, mediante la resolución reclamada, el requerimiento de ingreso sin existir proyecto incurrió en una ilegalidad, al vulnerar el artículo 3° literal i) de la LOSMA”, concluye la sentencia.

La aparición de nuevas tecnologías ha demostrado que los empleadores hacen uso de nuevos sistemas de control de la actividad laboral de los trabajadores. Sin embargo, está facultad de control reconocida tanto a nivel doctrinario como en la legislación interna, como lógica consecuencia del poder de dirección, no es ilimitada, pues debe hacer observancia de la inviolabilidad de los derechos fundamentales.