La decisión judicial que autoriza la grabación y escucha por un plazo de tres meses es proporcional, idónea y necesaria cuando existen indicios calificados de la comisión de un delito grave.
El ordenamiento jurídico franquea distintos medios o mecanismos para resolver la controversia.
Los funcionarios del gobierno desconocen el principio de laicidad e infringen las garantías fundamentales a la libertad religiosa y de cultos, y a la libertad de conciencia cuando promueven por medio de sus redes sociales, mediante mensajes oficiales, la identificación del Estado con una religión particular.
La actora alegó no haber sido demandada en el juicio declarativo.
Las medidas adoptadas por la empresa fueron en todo momento encaminadas a minimizar la magnitud de los riesgos de un posible contagio y preservar la salud de las personas trabajadoras frente al Covid-19, lo que se hizo en forma adecuadamente ponderada cumpliendo la normativa excepcional.
La sentenciadora determinó que la vinculación de las partes era de carácter civil.
El Tribunal estableció que la demandada Sociedad de Seguridad Aérea SA no justificó los hechos descritos en la carta de despido del trabajador, a quien acusó de dedicarse a reclutar personal para empresa de la competencia.
El máximo Tribunal declaró inadmisible un recurso de queja, pero consideró que se debe admitir la participación del abogado denunciante en el proceso por supuesto incumplimiento de la normativa ambiental de la fundición.
A través de la Secretaria Ejecutiva de la Convención Constitucional, dependiente del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.
La iniciativa, que quedó en condiciones de ser remitida para su trámite de promulgación, tiene por objeto prorrogar el beneficio otorgado por la mencionada ley, que permitió extinguir todas las multas aplicadas por infracción a la prohibición de circulación de vehículos sin dispositivo electrónico, asociados a una misma placa patente y que cumplieran con las demás condiciones que se señalan en dicha ley.
