El requirente fue condenado al pago de una multa cercana a los 38 millones de pesos, en virtud de una denuncia efectuada por la Dirección de Obras Municipales de Pucón.
El órgano contralor no advirtió irregularidades en la tramitación de la investigación interna de la entidad policial.
La CIDH sostuvo que el criterio diferenciador fue la orientación sexual de Sandra Pavez, sin ofrecer motivo alguno que supere un test de objetividad y razonabilidad, mucho menos, un escrutinio estricto como el exigido cuando se trata de dicha categoría.
No obstante, no es posible dar aplicación al artículo 38 ter del Código del trabajo.
Los documentos eran falsos.
El pronunciamiento responde a la solicitud realizada por un particular.
La resolución impugnada contuvo los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaron la decisión de la recurrida.
La solicitud de invalidación de una resolución carece de objeto cuando concurre una pérdida de interés procesal sobreviniente de la pretensión.
El máximo Tribunal descartó que la detención y prisión preventiva que afectó al reclamante constituyan actuaciones procesales injustificadamente erróneas o arbitrarias.
El Tribunal acogió la acción de tutela laboral, tras establecer la existencia de relación laboral entre las partes y desestimar el supuesto déficit presupuestario esgrimido como causal del cese de funciones de los funcionarios.
