l caso Sacco y Vanzetti marcó un hito en la historia de la investigación criminal al consagrar la balística forense como herramienta clave para la justicia. Gracias al uso pionero del microscopio de comparación, se demostró la conexión entre las balas halladas en la escena del crimen y el arma de uno de los acusados. Esta historia revolucionó la metodología científica en los procesos judiciales.

La normativa impugnada no vulnera el principio de igualdad, ya que la distinción entre procedimientos especiales y generales se justifica en la naturaleza misma de los juicios especiales, los cuales requieren reglas específicas para su adecuado desarrollo.

De forma unilateral, la recurrida procedió a alterar la situación de hecho existente, sin acudir para ello a las acciones jurisdiccionales que el ordenamiento jurídico le franquea para el resguardo de sus derechos, lo que entraña un acto de autotutela proscrito por el derecho y, por tanto, constituye un acto ilegal y arbitrario que conculca el derecho de la recurrente al debido proceso, al someterla al dictamen de una comisión especial.

La solicitud planteada excede los límites de la acción constitucional, ya que involucra el reconocimiento de derechos y la necesidad de formular declaraciones que deben ser resueltas por un tribunal competente a través de un procedimiento reglado conforme a la Ley 19.903. Además, la enmienda afectaría los intereses de otras nueve personas beneficiadas con la posesión efectiva de la herencia.

En su fallo, hace referencia a convenios internacionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para fundamentar su decisión. Asimismo, consideró como precedente internacional el caso P. Rathinam vs. Union of India, en el que se despenalizó el intento de suicidio en la India.

La requirente sostiene que la aplicación del precepto impugnado en la gestión pendiente genera efectos contrarios al ordenamiento constitucional, puesto que obliga al empleador a designar como mandatario para absolver posiciones exclusivamente a los representantes señalados en el artículo 4° del Código del Trabajo, lo cual afecta su derecho a una defensa efectiva y equilibrada.

En la medida en que los demandados tengan alguna autoridad residual, ciertamente no tienen poder para suplantar la voluntad del electorado estatal a favor de la suya propia. Si bien decidimos este caso según la doctrina de la supresión, amonestamos enérgicamente a los demandados por exceder su autoridad según la Constitución estatal.

La recurrente no cumplió con el requisito de validación de su título profesional para ejercer en la Administración Pública, conforme a los artículos 12 y 13 de la Ley N°18.834. El Hospital, al advertir tal incumplimiento, procedió a dar término a la contrata, lo que se consideró un actuar conforme al derecho.

La omisión constatada amenaza de manera arbitraria la garantía de igualdad ante la ley que asiste a las recurrentes, al no observarse un imperativo legal y reglamentario, provocando en la práctica, la negación a las afectadas, de un trato de iguales.

La legislación incluye incentivos destinados a promover la industria de la energía eólica marina y la generación de empleo. Asimismo, asegura el derecho de las personas y comunidades afectadas a ser consultadas de manera previa e informada antes del inicio de cualquier proyecto de desarrollo en áreas marinas.