El Tribunal de alzada estableció que la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, no emitió pronunciamiento sobre alguna materia de derecho susceptible de contraste.

«En términos generales, la iniciativa en cuestión no altera ni incide directamente en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, sino más bien se vincula en forma tangencial con ellas en la medida que suprime delitos que, en principio, dejarían de entrar dentro del ámbito de conocimiento de los tribunales con competencia en materia penal», plantea el informe del pleno de ministros.

La instancia solicitó un informe de derecho comparado para analizar cómo ha sido el tratamiento legal del concepto de progenitores en legislaciones similares y se acordó invitar a profesores de derecho civil.

La Sala aprobó la iniciativa en los mismos términos en los que lo hizo la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que quedó en condiciones de ser remitida al Ejecutivo para su firma y promulgación.

El máximo Tribunal estableció que no procede recurso especial por la forma en que la jueza de primera instancia dirigió la audiencia.

El Tribunal estableció la responsabilidad de AM Servicios al no acreditar que adoptó las medidas de seguridad y protección para el desempeño del trabajador, quien sufrió una grave fractura en talón del pie derecho al caer de una escalera que cedió cuando reparaba un equipo.

El Tribunal de alzada ratificó en todas sus partes la sentencia impugnada, dictada por el 20° Juzgado Civil de Santiago, que desestimó la demanda de prescripción extintiva de la sanción deducida por el laboratorio.

La Cámara de Diputados respaldó la indicación que crea un registro especial para las postulaciones a alcaldes y gobernadores regionales que habían sido rechazadas por el Tricel.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario e ilegal de los recurridos, pero ordenó al nosocomio, en el evento que se dé de alta a la paciente, seguir proporcionándole las transfusiones que requiera, haciéndose cargo de los trasladados al centro asistencial, o asistirla a través de la unidad de hospitalización domiciliaria.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución atacada, tras establecer que la información solicitada por ley de transparencia tiene el carácter de reservada por corresponder a comunicaciones privadas.