Para soportar el examen judicial, los entes administrativos (como, por ej. los ambientales) deberán ajustar siempre sus interpretaciones, al menos, al bloque de constitucionalidad y a ciertos principios.
Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, falleció en mayo de este año. ¿Por qué su rol de defensora de derechos humanos cobra especial relevancia en la actualidad?
El Tribunal de alzada descartó infracción de la autoridad fiscalizadora.
El Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se reduce el monto indemnizatorio en proporción al daño acreditado.
La Magistratura Constitucional señaló que, dado que hay un solo y mismo interés jurídicamente relevante en juego, respecto del Municipio y respecto del Consejo, no puede aceptarse que ese interés esté doblemente representado en el proceso penal, y es allí donde encuentra razón el argumento de que debe evitarse la sobre representación estatal.
El máximo Tribunal confirmó la decisión de expulsión de un club, destacando el cumplimiento de los reglamentos internos de la liga deportiva.
La adolescente es carga de sus progenitores, por lo que la ejecución de la resolución ocasionaría un daño que perturbaría la unidad familiar, afectando lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución, que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado darle protección así como propender a su fortalecimiento.
No se acredita el perjuicio que haya sufrido la acusación particular por la no presentación de la contestación escrita en plazo. En relación con el delito de falsedad documental, la alteración que se recoge en los hechos probados, no lo es de un requisito o elemento esencial en la sentencia del a quo, pues al no tener consecuencias sobre la parte dispositiva de la resolución alterada, bien se podría no haber puesto.
La Magistratura Constitucional señaló que estamos en presencia de una sanción administrativa y una (potencial) sanción penal, respecto al mismo hecho de peligro y por el mismo bien jurídico protegido: salubridad pública, considerando que la SEREMI de Salud multó al requirente por exactamente los mismos hechos fundantes de la acusación fiscal, sin que ésta hiciera añadidura fáctica alguna.
Se subraya la importancia de combatir la prostitución y las redes de trata de personas, así como la obligación de los Estados partes de la Convención de proteger a las víctimas. Aceptamos que los objetivos perseguidos por la medida impugnada, a saber, la defensa del orden y la seguridad públicos, la prevención de delitos, así como la protección de la salud y los derechos y libertades de los demás, constituyen objetivos legítimos en el sentido del artículo 8 del Convenio.
