La requirente sostiene que debe declararse la inaplicabilidad del precepto legal que impugna para garantizar la igualdad ante la ley.

Carabineros realizó un control de identidad fundado en una denuncia anónima inexistente, que afirmaba que el acusado se encontraba “merodeando” un lugar a bordo de un vehículo, hecho que no se pudo comprobar, por lo que todas las pruebas incriminatorias recabadas por los funcionarios adolecen de ilegalidad y no debieron ser consideradas en juicio.

El acusado fue captado en imágenes lanzando una bomba molotov a un carro policial. El registro fue levantado por funcionarios del OS9 que, en cumplimiento de sus labores preventivas de seguridad y orden público, asistieron de civil a registrar en video los desmanes provocados en una manifestación en el sector de Plaza Italia, en 2021.

Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

El voto en contra considera que los contratos celebrados bajo el artículo 10 del Código Sanitario deben sujetarse al régimen de contratación temporal del Código del Trabajo, y que la renovación sucesiva de contratos a plazo los transforma en indefinidos, debido al incumplimiento de los límites establecidos para los contratos temporales. Argumentó que, a pesar de la emergencia sanitaria, la autoridad sanitaria debía ceñirse a las normativas laborales vigentes.

Para que se produzca el riesgo de asociación, deben presentarse dos circunstancias: que el consumidor asocie los productos o servicios distinguidos con los signos en conflicto (a pesar de no existir vinculación o conexión competitiva) y que éstos presenten semejanza o identidad, lo cual no ocurre en el caso.

El SERNAC está legalmente habilitado para denunciar, al amparo de la letra g), del artículo 58, de la Ley N°19.496, los incumplimientos de la misma ley ante los Juzgados de Policía Local y de hacerse parte en las causas respectivas, invocando el interés general de los consumidores.

Editado por Tirant Lo Blanch la obra revisa doctrinaria y jurisprudencialmente el motivo, la causa y el fin del acto jurídico tributario. A partir de dicho análisis, los autores buscan dilucidar la forma en que la motivación se constituye en una garantía sustantiva del contribuyente que trasciende el ámbito administrativo y se proyecta en su eventual reclamo en sede judicial.

En su solicitud judicial, el Departamento de Justicia busca obtener una orden que prohíba a las empresas demandadas continuar con las prácticas señaladas o implementar mecanismos similares en el futuro. Según el escrito de la demanda, estas medidas buscan restablecer las condiciones de competencia en el mercado de alquiler de bienes inmuebles residenciales.

No existió sensacionalismo en la exhibición del reportaje, ya que no se presentó de forma abusiva ni distorsionada para generar emociones en el público. La transmisión se ajustó a hechos ciertos, con el objetivo de informar sobre nuevas medidas de seguridad en el mercado Lo Valledor, cuando de forma inesperada ocurrió un incidente violento que dejó heridos y pudo tener un desenlace más grave.