No se acredita el perjuicio que haya sufrido la acusación particular por la no presentación de la contestación escrita en plazo. En relación con el delito de falsedad documental, la alteración que se recoge en los hechos probados, no lo es de un requisito o elemento esencial en la sentencia del a quo, pues al no tener consecuencias sobre la parte dispositiva de la resolución alterada, bien se podría no haber puesto.

La Magistratura Constitucional señaló que estamos en presencia de una sanción administrativa y una (potencial) sanción penal, respecto al mismo hecho de peligro y por el mismo bien jurídico protegido: salubridad pública, considerando que la SEREMI de Salud multó al requirente por exactamente los mismos hechos fundantes de la acusación fiscal, sin que ésta hiciera añadidura fáctica alguna.

Se subraya la importancia de combatir la prostitución y las redes de trata de personas, así como la obligación de los Estados partes de la Convención de proteger a las víctimas. Aceptamos que los objetivos perseguidos por la medida impugnada, a saber, la defensa del orden y la seguridad públicos, la prevención de delitos, así como la protección de la salud y los derechos y libertades de los demás, constituyen objetivos legítimos en el sentido del artículo 8 del Convenio.

El recurrente registra impedimento vigente en Policía de Investigaciones de Chile, para cuyos efectos debe concurrir personal y directamente a la PDI para solucionar el motivo del impedimento; luego, avisar al funcionario cuando sea regularizado, y éste dar aviso a la Unidad Pasaportes mientras el recurrente no aclare su situación prontuarial ante ese Servicio, informó el recurrido.

Sin perjuicio de lo cual, para garantizar el cumplimiento de lo que en definitiva se ordene pagar al deudor, está vigente un embargo sobre un inmueble de su propiedad.

Además, el precio del vehículo, si bien fue bajo al del mercado, ello se explica porque le afectaba una prenda; y si el acusado tuvo contacto con un intermediario, y no con el propietario, fue porque es común en ese tipo de mercado, y sostener lo contrario importa una infracción al principio de las máximas de la experiencia.

La Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección; y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las cifran dan cuenta de que la mayor cantidad de sustancias o elementos prohibidos que se encuentran al interior de recintos penitenciarios son hallados en el patio o en el techo del recinto, que las incautadas en las celdas.

La ley también instituye la figura del Defensor del Pueblo, quien será responsable de recibir y evaluar denuncias. Este funcionario tendrá la autoridad para decidir si procede una investigación y garantizará que no se tomen represalias contra aquellos que presenten denuncias o participen en inspecciones. Además, el Defensor del Pueblo deberá informar a las personas encarceladas y al público sobre sus funciones y actividades.

Una de las estrategias más gravosas de las organizaciones criminales en contra de la gobernanza estatal, sus instituciones y órganos, radica principalmente, además del aumento y control patrimonial, hegemonía del poder y dinamismo de centros de negocios ilícitos, en obtener mayor capacidad de corrupción de las instituciones y agentes públicos mediante el soborno o la intimación, y la penetración y socavamiento de sus principios, por lo que refrendar la doctrina y principios fundamentales de tales instituciones, resulta trascendental para enfrentar dicho flagelo.