“Queremos ir por más, pero, hoy día, cambiar el régimen jurídico del litio nos genera una situación donde, efectivamente, no vamos a tener certeza del desarrollo del litio en Chile”, afirmó la ministra de Minería, Aurora Williams.

Dado el contexto político y eleccionario que atraviesa Venezuela, resulta conveniente pasar lista a la respuesta del derecho internacional frente a las denuncias por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Nicolás Maduro. En ese cometido, se relata principalmente la tramitación de la causa seguida ante la Corte Penal Internacional y se solapa una compilación de los mecanismos internacionales de protección de los Derechos Humanos, en relación con ese delito.

En la profesión de abogado, si bien tiene claramente marcada la línea de salida, jamás atisbaremos la de meta. Al inicio de la relación profesional, el cliente asumirá que el abogado que contrata es un experto en la materia y por ello deposita su confianza en él.

El tribunal asegura que las pruebas halladas son suficientes para relacionar los sobres-bomba intervenidos con Pompeyo González.

Todas las empresas que vayan a usar y/o desarrollar sistemas de IA deben disponer de un Sistema de Gestión de Cumplimiento Legal de la IA que permita gestionar riesgos, no solo con respecto al RIA, sino también en materias como Propiedad Intelectual, Protección de Datos, Confidencialidad, Secreto empresarial, Ciberseguridad, Defensa de Consumidores y Usuarios, Derecho Laboral, Derecho Civil, Derecho Penal etc, así como un Plan de Formación y Capacitación.

Tras analizar las alegaciones asociadas a una eventual ilegalidad de la resolución de la SMA, que sostenían que el proyecto debía ingresar al SEIA por configurarse al menos cinco de las causales de ingreso tipificadas en el artículo 10 de la Ley N° 19.300, la sentencia concluye que la actuación de la SMA se ajustó a la legalidad y a los antecedentes que obran en el expediente.

Las infracciones imputadas tienen relación a incumplimientos constatados a las medidas establecidas en los permisos ambientales del proyecto, particularmente, por el tratamiento, manejo y disposición deficiente de purines.

Nuevamente la Magistratura Constitucional desestimó la impugnación en contra del precepto legal que solo concede apelación en contra del auto de apertura del juicio oral cuando lo interpusiere el ministerio público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía. En este caso resolvió que el requerimiento de inaplicabilidad se encuentra mal encaminado, porque lo que en realidad se cuestiona es la regla general de inapelabilidad de las resoluciones dictadas por el Juez de Garantía (art. 370 Código Procesal Penal), norma que no fue impugnada y que es estructural en el sistema de recursos que contempla el sistema penal chileno.

Se descartó que el Tribunal Supremo actuara como una comisión especial, como así también, que por haber renunciado al partido no pudiera aplicársele la sanción de expulsión de la colectividad.

Negar el único fármaco imprescindible para el tratamiento de la patología, es arbitrario y amenaza, además, la garantía del derecho a la vida, puesto que, como consecuencia de esa decisión, se niega en la práctica el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia.