El Ejecutivo refiere que existe un vacío para someter a la jurisdicción de los tribunales chilenos el juzgamiento del delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros por los que pudiera responder una persona jurídica constituida o domiciliada en Chile, cuando este haya sido cometido fuera del territorio.

Los promotores del proyecto de ley 19/13123 resaltan la necesidad de mayor protección jurídica, citando los avances en la legislación de la Unión Europea y en varias constituciones estatales alemanas. Sin embargo, señalan que persisten prejuicios sociales que resultan en discriminación jurídica y social, particularmente contra personas homosexuales.

El Cuerpo de Bomberos de Calera de Tango celebró en el año 2007 un contrato de comodato con el Fisco, que entregó para su uso una propiedad. No obstante, la corporación de voluntarios se disolvió el año 2013 sin establecer claramente quién sería el continuador legal de la Compañía, lo que devino en que el Fisco solicitara la devolución del predio.

La normativa establece un requisito de residencia legal e ininterrumpida de cinco años en el territorio de un Estado miembro para que un nacional de un tercer país pueda obtener el estatuto de residente de larga duración. El legislador de la Unión estimó que tal período es suficiente para tener derecho a la igualdad de trato con los nacionales de dicho Estado miembro, en particular, en lo que concierne a las medidas de seguridad social, asistencia social y protección social.

Para soportar el examen judicial, los entes administrativos (como, por ej. los ambientales) deberán ajustar siempre sus interpretaciones, al menos, al bloque de constitucionalidad y a ciertos principios.

Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, falleció en mayo de este año. ¿Por qué su rol de defensora de derechos humanos cobra especial relevancia en la actualidad?

El Tribunal de alzada descartó infracción de la autoridad fiscalizadora.

El Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se reduce el monto indemnizatorio en proporción al daño acreditado.

La Magistratura Constitucional señaló que, dado que hay un solo y mismo interés jurídicamente relevante en juego, respecto del Municipio y respecto del Consejo, no puede aceptarse que ese interés esté doblemente representado en el proceso penal, y es allí donde encuentra razón el argumento de que debe evitarse la sobre representación estatal.

El máximo Tribunal confirmó la decisión de expulsión de un club, destacando el cumplimiento de los reglamentos internos de la liga deportiva.