La Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección; y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las cifran dan cuenta de que la mayor cantidad de sustancias o elementos prohibidos que se encuentran al interior de recintos penitenciarios son hallados en el patio o en el techo del recinto, que las incautadas en las celdas.

La ley también instituye la figura del Defensor del Pueblo, quien será responsable de recibir y evaluar denuncias. Este funcionario tendrá la autoridad para decidir si procede una investigación y garantizará que no se tomen represalias contra aquellos que presenten denuncias o participen en inspecciones. Además, el Defensor del Pueblo deberá informar a las personas encarceladas y al público sobre sus funciones y actividades.

Una de las estrategias más gravosas de las organizaciones criminales en contra de la gobernanza estatal, sus instituciones y órganos, radica principalmente, además del aumento y control patrimonial, hegemonía del poder y dinamismo de centros de negocios ilícitos, en obtener mayor capacidad de corrupción de las instituciones y agentes públicos mediante el soborno o la intimación, y la penetración y socavamiento de sus principios, por lo que refrendar la doctrina y principios fundamentales de tales instituciones, resulta trascendental para enfrentar dicho flagelo.

El Tribunal aplicó, además, al matrimonio Hanson Henríquez las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar dirigido en contra hechos establecidos por los jueces del fondo..

El acto fue encabezado por el profesor de derecho político y constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas, España, Miguel Ayuso, y contó con las exposiciones de los ius publicistas chilenos: José Ignacio Vásquez, Ministro del Tribunal Constitucional, profesor de derecho constitucional y ciencia política; Gabriel Bocksang, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y Fernando Lolas, miembro del Instituto de Chile.

El requirente alega que el precepto impugnado infringe la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad, desde que, al haber sido condenado previamente por el delito de lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar, no puede eliminar sus antecedentes penales, cuya causa le impediría acceder a la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.

El quantum de la compensación no debe necesariamente ser equivalente a las capacidades o ingresos que el otro cónyuge obtuvo durante la vigencia del matrimonio, sino que debe analizarse desde el punto de vista de las aptitudes y potencialidades del cónyuge beneficiario.

Las órdenes de arresto libradas deben ser calificadas como ilegales, por vulnerar lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la Ley 17.322.