La decisión se adoptó, luego de una indagación preliminar realizada por el entonces ministro Carlos Gajardo Galdames, -luego de recibir una denuncia del Colegio de Abogados- que abarcó el periodo comprendido entre los años 2014 y 2019, donde se detectó el reiterado nombramiento de jueces árbitros y de actuarios en procesos en los tribunales investigados.

La iniciativa lesiona la autonomía universitaria, pone en riesgo el derecho a la educación, vulnera el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, señala.

Esto, a propósito de consulta de una comunera e integrante de la Asociación Indígena Aymara Laguna de Huasco, que reclamaba la falta de consulta indígena en la tramitación de dicho decreto.

La demanda en contra de la Gobernación Provincial no impidió el establecimiento de una relación procesal con el Fisco.

Consta en los antecedentes tenidos a la vista que la corporación de que se trata contrató a la funcionaria a contar del 1 de marzo de 2014, para prestar servicios como educadora diferencial.

El objetivo principal del proyecto ingresado es fortalecer las atribuciones legislativas del Congreso Nacional.

La Ley N°19.933, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica.

El objetivo principal del proyecto ingresado es eliminar o disminuir la propagación de posibles contagios de enfermedades transmisibles.

Lo alegado sería materia de derecho civil contractual.

Los reclamantes alegan que de nada sirve retrotraer el procedimiento si se constata que el proyecto debió haber sido ingresado mediante un Estudio de Impacto Ambiental.