El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 12° Juzgado Civil de Santiago, en la parte que acogió la demanda deducida en contra del Estado.
El Tribunal de alzada acogió a trámite el recurso de protección y dictó la orden para constatar si existe la autorización para el corte de los ejemplares y si el proyecto debía someterse a evaluación ambiental.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario, ilegal y de autotutela del dueño del inmueble, al dejar al arrendador sin acceso a un servicio que, en el estado actual de pandemia, adquiere carácter de esencial.
Una comisión queda a cargo de definir esas remuneraciones cuyo funcionamiento, organización, funciones y atribuciones se establecen en una ley orgánica constitucional.
El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la resolución impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras de Copiapó.
En la resolución, el ministro Carroza desestimó las peticiones de los condenados de cambiar el lugar de reclusión a sus domiciliarios o a residencias sanitarias especialmente habilitadas, debido a las condiciones sanitarias de los recintos donde cumplen condena.
Carece de razonabilidad otorgar el permiso a una persona que lo solicitó fuera de plazo y denegarlo por esa misma causa a la recurrente. Se vulnera la garantía de igualdad ante la ley.
Los recurrentes señalan que las omisiones que denuncian los discriminan sin que exista una base racional que justifique que ciertos ciudadanos chilenos en el extranjero puedan votar y otros no.
La sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N°16.618.
Razona la Corte que no yerra la sentencia impugnada pues estando expresamente regulada la modalidad de contratados en el Estatuto Docente, debe ser sometida a ese cuerpo legal y, en forma supletoria, al Código del Trabajo solo para el caso de los asuntos no regulados por el Estatuto.
