El tribunal Supremo español afirmó que, el reconocimiento de que la competencia para la regulación de la cooficialidad de la lengua propia no supone, una atribución de competencias específicas que autorice a alterar el marco que deriva de la Constitución.

En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, toda vez que el requerimiento impetrado no está razonablemente fundado.

La gestión pendiente incide en autos sobre servidumbres mineras, seguido ante el Juzgado de Letras de la Ligua, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de casación en la forma.

Entre las medidas sugeridas algunas apuntan a la forma en que se deberán realizar las campañas, redefinir los locales de votación, junto a enmiendas legales para facilitar el voto a fin de reducir las aglomeraciones y otras encaminadas a combatir la desinformación.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 19° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitraria de la recurrida al no renovar la matrícula argumentando que el colegio no cuenta con programas de atención de niños con necesidades especiales.

En el contexto de la crisis producto de la pandemia por Covid diputados de diversas colectividades presentaron propuestas legislativas para suspender los incrementos de los precios de los planes de salud de las Isapre mientras dure la emergencia, así como dichos costos suban al término de ésta.

Mientras que los legisladores y los estudiantes avalaron la propuesta, al tiempo que reconocieron su urgencia y necesidad, el Ejecutivo la objetó y la calificó como «inconstitucional».

El máximo Tribunal estableció la responsabilidad de la institución penitenciaria por falta de servicio en el tratamiento que requería la recurrente.

El máximo Tribunal desestimó el recurso, tras establecer que en la especie no se configura el vicio alegado.