El recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2, 3 y 16, no obstante, la Institución le notificó debidamente y el alumno tuvo las instancias procesales para impugnar.
Las sentencias contaron con el voto particular de 3 de los 7 magistrados que las dictó, que consideraban que debió desestimarse los recursos por considerar el Real Decreto ajustado a derecho.
Corte de Santiago indicó que no se encuentra vulnerada la garantía del derecho a la defensa y debido proceso del recurrente con la decisión que lo apartó de funciones.
Máximo Tribunal estimó vulnerado el derecho a la igualdad de la recurrente.
Máximo Tribunal indicó que los recurrentes en su calidad de coadyuvantes de la acción principal, carecen de la legitimación activa suficiente para poder accionar en contra de una sentencia que no fue impugnada por la recurrente original.
Esto, a propósito del reclamo de una exprofesora civil de la Escuela de Suboficiales del Ejército, en contra de la decisión de esa institución castrense, de solicitarle el reintegro de $1.237.322.
La Magistratura constitucional española adujo que el TS no ha dado cumplimiento con la necesaria suficiencia a la exigencia de valoración previa acerca de si la conducta enjuiciada era una manifestación del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión.
El objetivo principal del proyecto ingresado es proteger el fondo marino y promover una pesca sustentable.
El ente contralor señaló, además, que curso de especialidad en Criminalística, conferido por ese mismo plantel de enseñanza, no es un título de técnico de nivel superior.
En su sentencia, expone en síntesis la Magistratura Constitucional que no se afecta el derecho de propiedad, pues al momento de publicarse la Ley N° 20.791, la requirente no era propietaria del terreno que se reafectó.
