Esto, a propósito del reclamo de una exprofesora civil de la Escuela de Suboficiales del Ejército, en contra de la decisión de esa institución castrense, de solicitarle el reintegro de $1.237.322.
La Magistratura constitucional española adujo que el TS no ha dado cumplimiento con la necesaria suficiencia a la exigencia de valoración previa acerca de si la conducta enjuiciada era una manifestación del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión.
El objetivo principal del proyecto ingresado es proteger el fondo marino y promover una pesca sustentable.
El ente contralor señaló, además, que curso de especialidad en Criminalística, conferido por ese mismo plantel de enseñanza, no es un título de técnico de nivel superior.
En su sentencia, expone en síntesis la Magistratura Constitucional que no se afecta el derecho de propiedad, pues al momento de publicarse la Ley N° 20.791, la requirente no era propietaria del terreno que se reafectó.
La Corte de Talca indicó que, la decisión del juzgado de Garantía de Molina está amparada en una sentencia judicial penal firme o ejecutoriada
La recurrente considera vulnerado su derecho a la libertad individual.
Máximo Tribunal indicó que no existe un derecho indubitado que deba ser amparado a través de esta vía cautelar de urgencia.
Debido a la modificación de la ley se recomputaron los tiempos mínimos.
La propuesta, discutida sobre la base del informe de la Comisión mixta que vino a superar las diferencias con el Senado, establece las responsabilidades para los usuarios y emisores; define obligaciones de seguridad específicas para los emisores; y avanza en regular los delitos asociados y en las sanciones respectivas.
