La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La Magistratura Constitucional española indicó que la pérdida sobrevenida de objeto se debe a que los incisos y apartados impugnados por el Abogado del Estado ya han sido anulados por Autos de esta misma fecha por incumplimiento de la STC259/2015, de 2 de diciembre.
El Tribunal de alzada acogió con costas el recurso de nulidad deducido en contra de la resolución dictada por el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y, sin nueva vista, dictó sentencia de reemplazo.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad y confirmó la resolución dictada el 13 de mayo pasado por el Segundo Juzgado Civil de Chillán, que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar por considerar que las diligencias cuestionadas se ajustan a la legalidad vigente y que el aparato móvil fue incautado en una investigación criminal autorizada por resolución judicial.
Recurrente estimó vulneradas las garantías contenidas en los artículos 1, 2, 4, y 24 de la Constitución.
La autoridad recurrida, de acuerdo con el Estatuto Administrativo, se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente.
No sólo se trata de una entrega de manera regular, constante y reiterada todos los años, sino que resulta patente que tal ofrecimiento se hacía con plena y consciente voluntad de beneficiar a los trabajadores de la plantilla, a todos sin excepción ni condicionamiento.
El recurso de agravio incurrió en la causal de rechazo prevista en el acapite d) del fundamento 49 de la sentencia expedida en el Expediente 00987- 2014-PA/TC y en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.
Los amparados llegaron al país escapando de persecusión política.
