El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar por considerar que las diligencias cuestionadas se ajustan a la legalidad vigente y que el aparato móvil fue incautado en una investigación criminal autorizada por resolución judicial.
Recurrente estimó vulneradas las garantías contenidas en los artículos 1, 2, 4, y 24 de la Constitución.
La autoridad recurrida, de acuerdo con el Estatuto Administrativo, se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente.
No sólo se trata de una entrega de manera regular, constante y reiterada todos los años, sino que resulta patente que tal ofrecimiento se hacía con plena y consciente voluntad de beneficiar a los trabajadores de la plantilla, a todos sin excepción ni condicionamiento.
El recurso de agravio incurrió en la causal de rechazo prevista en el acapite d) del fundamento 49 de la sentencia expedida en el Expediente 00987- 2014-PA/TC y en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.
Los amparados llegaron al país escapando de persecusión política.
Corte de Puerto Montt señaló que comportamiento de recurrido constituye una autotutela ilegal y arbitraria, pero sin perjuicio de que las partes puedan discutir los límites de los derechos que les asisten.
Corte de La Serena señaló que actuar de las recurridas fue ilegal por constituir autotutela.
El ente contralor indicó que funcionaria deberá acreditare al SENCE la naturaleza de tales ausencias, con el fin que ese organismo proceda a determinar la cantidad de horas que deben descontarse de las remuneraciones de la funcionaria.
El proyecto destaca que los ministerios y entidades afectos a esta facultad estarán sujetos a control interno y externo en la ejecución de estos gastos, para lo cual deberán identificar las unidades operativas que requerirán para su operación el uso de estos montos.
