La Corte indicó que, de todas formas, las medidas preventivas y correctivas de los uniformados de la policía nacional no implica un poder discrecional.
El órgano contralor adujo que dicho ítem debe ser cubierto por el propio funcionario mediante la asignación mensual de costo de vida, destinada a compensar precisamente los mayores gastos en que incurra por residir en determinados países o lugares de éstos.
En la legislación actual no se contempla una fiscalización a estos productos. Hoy solo se revisa el etiquetado porque muchos de ellos son importados. La idea es regular todo lo relacionado con la comercialización de estos insumos agrícolas.
El órgano contralor adujo que el artículo 131 de la ley N° 10.336 reconoce al Contralor General la facultad para constituir delegados en los servicios públicos y demás entidades sujetas a su fiscalización, con el fin de practicar las inspecciones e investigaciones que estime necesarias.
La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general la iniciativa que busca evitar vacíos legales que posibilitaran que personas inhabilitadas para trabajar con niños terminaran haciéndolo.
Integraciones que se harán efectivas a partir del 6 de enero de 2020, tras que asuma la presidencia el ministro Guillermo Silva Gündelach.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en el control de identidad practicado por la policía al condenado, quien confesó espontáneamente la comisión del delito.
En la audiencia de suspensión condicional del procedimiento, y al existir acuerdo entre las partes, el magistrado aprobó la salida alternativa propuesta por la Fiscalía.
La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
La Corte consideró que la resolución se encuentra acorde a la ley.
