Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Economía del Senado.
El recurrente estimó vulnerado su garantía constitucional del artículo 19 de la Constitución numeral 24.
La Corte ordenó que, en un término de 15 días siguientes a la notificación de la sentencia, de forma continua, se suministre agua potable al núcleo familiar del accionante.
La gestión pendiente incide en autos voluntarios sobre rectificación de partida de nacimiento, de que conoce el 17° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago.
El Tribunal de alzada acogió, además, el recurso interpuesto por la defensa de los funcionarios y anuló la sentencia que los condenó como autores del delito de falsificación de instrumento público, procediendo a dictar, sin nueva vista, sentencia de reemplazo en la parte correspondiente.
El Tribunal de alzada acogió la acción de protección, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de la institución financiera al no asumir el perjuicio económico generado al recurrente.
El máximo Tribunal estableció que no corresponde el pago ejecutado por la Municipalidad de Lo Barnechea.
El Tribunal acogió la acción presentada, tras establecer la existencia de una relación laboral entre las partes desde el 1 de abril de 2016 y el 18 de agosto de 2018 y que las demandadas constituyen una unidad económica.
EL Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda deducida y ordenó al fisco pagar al Consorcio Aeródromo Chiloé Limitada un total de $1.146.205.786.
La Comisión tomó en cuenta que los beneficiarios estarían enfrentando una serie de amenazas a sus derechos, hostigamientos, presiones y represalias como consecuencia de ciertos casos de alta repercusión mediática, especialmente a la luz del contexto guatemalteco.
