Para el caso que se declare admisible, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El recurrente estimó vulnerado su derecho de propiedad.
El recurrente estima vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, libertad de enseñanza y su derecho de propiedad.
La gestión pendiente incide en autos penales sobre delito de contrabando, en que la requirente fue condenada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por recurso de nulidad.
El autor estima que un régimen jurídico debe consagrar el principio supremo de justicia.
Se estimó que del texto del recurso aparece que la situación descrita constituye uno de los supuestos previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de la República.
El ente contralor indicó que corresponde que Comando de Bienestar del Ejército ponga término al vínculo laboral del peticionario por causal contemplada en el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Segundo Juzgado Militar de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema.
El máximo Tribunal trasandino adujo que la regulación de telecomunicaciones es competencia de las autoridades nacionales.
Se ordenó al especialista pagar $50.000.000 por daño moral y $32.469.962, pero por daño emergente y no lucro cesante.
