Se concluyó manifestando que no resulta acertado lo señalado en la sentencia recurrida en cuanto indicó que el deber de responder del pago de impuestos adeudados recae en la reclamante.
Sin embargo, acogió la demanda de cobro de prestaciones solo en cuanto a Escondida deberá pagar al demandante monto correspondiente a feriado legal y proporcional adeudado.
Medidas provisionales ordenadas a favor de la víctima y sus familiares, Obtilia Eugenio Manuel y sus familiares, los 40 integrantes de la OPIM y 10 miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El máximo Tribunal sostuvo que a la judicatura laboral se le concede la potestad de consentir o denegar la petición formulada por el empleador para desvincular a una trabajadora embarazada.
El Tribunal acogió el recurso deducido por la Defensoría Penal Pública, tras establecer que el alta médica de la amparada, otorgada solo a siete horas de haberse producido el nacimiento, no respeta las orientaciones sobre cuidados posparto establecidas por el Ministerio de Salud.
La ubicación de estos desfibriladores deberá estar debidamente señalizada y su acceso deberá ser expedito y libre de obstáculos para su uso cuando sea requerido.
El máximo Tribunal rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, en diciembre de 2017.
En uno de los fallos el Tribunal de alzada acogió el recurso de protección presentado en contra del Gobierno Regional de Coquimbo y ordenó el reintegro de ingeniero comercial.
La SMA archivó las denuncias, pues según los antecedentes que maneja, el sector indicado en las denuncias no se ubica al interior de un área protegida.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó a Orlando Manzo Durán, César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Ciro Torré Sáez a penas de 5 años y un día de presidio, en calidad de autores del secuestro del contador auditor.
