El caso se relaciona con las muertes de Mota Abarullo, Yáñez Sánchez, Rafael Parra Herrera, Molina Córdova y José Correa, internos del Centro de Tratamiento y Diagnóstico «Monseñor Juan José Bernal», ocurridas tras un incendio en una celda el 30 de junio de 2005.
El Tribunal acogió la demanda presentada en contra de empresa de retail, por su responsabilidad en el accidente registrado en local Santa Isabel de la ciudad de San Felipe, el 23 de agosto de 2012.
Entre las iniciativas se encuentran también una limitación a la obtención de licencia de conducir frente a determinados antecedentes delictuales y condicionantes para cumplir con el servicio militar.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que acogió la impugnación parcial del proceso: «Reposición Parcial Luminarias Públicas, Casco Antiguo, Comuna de Maipú».
La recurrente consideró vulnerado su derecho a igualdad ante la ley.
Los recurrentes estimaron vulnerados el derecho a la protección de la salud y al derecho de propiedad sobre el suministro de electricidad y agua potable que les ha sido entregado durante más de diez años.
El ente contralor precisó que el ISP deberá revisar las conclusiones vertidas en las fiscalizaciones practicadas, a la luz de las conclusiones del presente oficio.
El máximo Tribunal señaló que, si bien las probanzas rendidas en juicio pueden permitir precisar la superficie en cuestión, ello no puede desvirtuar lo manifiestamente pedido.
El tribunal dispuso, además de la orden de restituir inmediatamente en funciones, horario y lugar de actividades a la trabajadora, una sanción de multa a la empresa.
El máximo Tribunal señaló que, el único hecho que tiene la virtud de interrumpir civilmente la prescripción extintiva es la demanda judicial, la que debe notificarse válidamente.
