Los cargos se refieren a conductas que podrían configurar un posible tráfico de influencias por intervención en procesos judiciales.
Todos los asuntos se relacionan con la destitución arbitraria de funcionarios públicos con violaciones a los derechos consagrados en los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De acuerdo al presidente del Consejo, Marcelo Drago, casos como éste permiten «demostrar que hubo abuso de los datos personales de una mujer» y subrayan la necesidad que el país tiene de contar con un marco regulatorio adecuado para proteger a la ciudadanía ante vulneraciones como ésta, lo que no ocurre con la normativa actual.
Concluye que este financiamiento no puede caer sobre los hombros, exclusivos, de las empresas del sector privado.
La requirente estima que el precepto impugnado vulneraría los principios de supremacía constitucional y de juridicidad.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
La gestión pendiente incide en autos sobre medidas cautelares, seguidos ante el Juzgado de Familia de Pudahuel.
Abogado y profesor, aclara las dudas en la relación que existe entre los abogados defensores y los testigos.
Se confirió traslado de la demanda y demás actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno de la nación, al Gobierno de La Rioja y a su Parlamento.
La aludida entidad policial expresó que el cese de la recurrente se ajustaría a Derecho.
