Hay que tener en cuenta que nuestro Código (español) no habla de “justa causa” sino solo de “causa” (precisamente para respetar ese principio de “libertad matrimonial”). Y, obviamente, tales causas deberán ser fundamentadas y probadas ante el Tribunal competente que deba conocer del asunto, que será aquél que estará conociendo de la demanda interpuesta por la persona que solicita esa indemnización por incumplimiento de la promesa que se le hizo.

Como bien se sabe, los edificios de las legaciones diplomáticas son  considerados por el derecho internacional público como inviolables.  En otras palabras, las autoridades del Estado receptor no pueden bajo ninguna circunstancia irrumpir a la fuerza dentro de estos edificios. Si desean ingresar con sus fuerzas de seguridad, deben obtener previamente  el consentimiento expreso del jefe de dicha legación diplomática.

La magistratura estimó que el recurrido posee acciones legales para perseguir el cobro de la deuda por servicios básicos de suministro agua, por ende, los cortes de agua son actos de autotutela que vulneran el derecho a la vida de los afectados, al ser el líquido un elemento vital para la vida y la higiene de las personas.

La magistratura indicó que las instrucciones judiciales en investigaciones pendientes no pueden ser controvertidas mediante la acción cautelar, ya que para tal fin, la ley dispone de acciones ordinarias tendientes a revertir supuestas actuaciones injustas del tribunal o del Ministerio Público, por ende, lo solicitado por la recurrente excede con creces los límites de la acción constitucional.

El recurrente pretendió acelerar el desalojo de un inmueble ubicado en la comuna de Punitaqui, en circunstancia que contra algunos ocupantes posee fallos pendientes de ejecución por demandas de precario, y a otros ni siquiera ha emplazado en juicio; por lo tanto, la magistratura estimó que el asunto controvertido debe ser resuelto por la judicatura civil, mediante acciones de lato conocimiento.

Una vez reactivada la actividad y levantada la barrera sanitaria, eran las empresas las que debían dar cumplimiento a la prestación contratada. Lo contrario, devendría en un enriquecimiento incausado de las empresas en perjuicio de los consumidores.

La magistratura estimó que el sumario que decidió la desvinculación del actor se ajustó a derecho, en atención a que el recurrente siempre supo el cargo que enfrentaba, y se le brindó la posibilidad de presentar pruebas, controvertir, y apelar la decisión a un órgano superior de la institución, por ende, no se vulneró el debido proceso.

Frente a la situación descrita resulta conveniente mantener la afiliación del afectado y la consecuente cobertura de las prestaciones médicos asistenciales correspondientes, pues la falta de ellas pondría en serio peligro el estado de salud de éste último. Ello, de modo de no alterar la situación hasta que se decida la cuestión de fondo.

Se resaltan los impactos adversos en el debido proceso de los acusados, señalando que bajo la clasificación de delito menor de Clase B, los acusados no tienen derecho a un juicio con jurado si residían en la ciudad de Nueva York, contrariamente a los que vivían fuera de la ciudad.

Se podría estimar que el nivel de democracia en Venezuela se encuentra en un rango bajo, entre 10 y 20 puntos, con una tendencia negativa en los últimos años.