El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada que estableció la responsabilidad por falta de servicio del establecimiento hospitalario en el delito.
El máximo Tribunal examina que la solicitud de remoción señale con claridad y precisión los hechos que configurarán la causal invocada y si a ella se compaña o se ofrece, si fuese del caso, los medios de prueba en que se fundare.
El texto plantea que revertir el caso histórico no convertiría automáticamente el aborto en ilegal en todo el país, pero devolvería la decisión sobre su legalidad a los estados, en donde ya existe un mosaico de leyes que hace que este procedimiento esté más o menos disponible, dependiendo en gran medida de las inclinaciones políticas del liderazgo de cada uno.
El Tribunal responde así a la consulta del Reino Unido tras la denuncia de una pareja, formada por un nacional británico y una sudafricana, después de que Reino Unido rechazase la solicitud de residencia de ella por no estar casados en el momento de la petición.
El contenido de los contratos no sólo no son objeto de comunicación pública (lo cual puede encontrar cierta justificación), sino que su contenido tampoco es conocido por parte de la autoridad administrativa de control, circunstancia que puede suponer un foco de abusos.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 15° Juzgado Civil de Santiago que estableció la responsabilidad del Estado en el delito de lesa humanidad.
Los legisladores recuerdan que la ley que introdujo este sistema obligatorio contó con un periodo de adaptación de seis años y que, posteriormente, se tuvo que extender hasta el presente año.
El Tribunal rechazó la reclamación deducida en contra de la resolución adoptada por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte, que sancionó a Optus por no contar con un departamento de prevención de riesgos que funcione permanentemente dentro de la empresa.
No se habría reconocido el grado de magíster que obtuvo recientemente, por no haberse dictado aún el nuevo reglamento previsto por la Ley N° 21.080.
Se analiza la Ley N° 25.087 del año 1999, que reformó sustancialmente el Título III del Libro Segundo del Código Penal Argentino.
