La gestión pendiente incide en un recurso de apelación, de que conoce la Corte de San Miguel.
No se advierte en el actuar de la recurrida una acción u omisión ilegal o arbitraria, que amenace o perturbe las garantías fundamentales de la recurrente.
Los antecedentes requeridos corresponden a datos personales de trabajadores de entidades reguladas por el derecho privado.
La Contraloría General sostiene que la respectiva contratación debe contar con el financiamiento suficiente para atender el pago que se requiera para su desarrollo.
La Corte de Santiago sostuvo que en el caso en concreto no se vislumbra acto ilegal o arbitrario que afecte la libertad o seguridad personal de la amparada.
La gestión pendiente incide en autos ejecutivos tributarios seguidos ante el Juzgado de Letras de Los Lagos.
A la época de la revisión practicada por el CPLT la institución reclamada incurría parcialmente en las infracciones denunciadas por el reclamante.
En materia de normas legales, la Corte Interamericana ha adoptado diversas posibilidades, ordenando que se adopte la ley, o se modifique, o dejándola sin efecto.
Se rechazó a pesar de haber aprobado el EUNACOM, lo que vulneraría la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo..
La requirente estima que el precepto impugnado vulneraría el debido proceso.
