Se constata que en la especie ha trascurrido el plazo que establece la ley para decretar la prescripción de la acción penal.
El Tribunal estableció la responsabilidad del Estado de Chile en la desaparición de Ramírez Rosales, quien fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible tanto en el aspecto penal como civil.
Así lo plantea una propuesta presentada por el senador Ossandón, quien asegura que los cambios que propone terminarían con el monopolio del uso del mar.
La moción que fue remitida a la Comisión de Salud para ser tramitado en particular, modifica el Código Sanitario permitiendo el cultivo de cannabis para el tratamiento de enfermedades, previa orden médica que así lo determine, generando una protección para quienes cultivan con fines medicinales.
El Tribunal de alzada ratificó la resolución que decretó la prescripción de la obligación adquirida en 1998, por estudiante de educación parvularia de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE).
Hará falta un cambio normativo que regule este nuevo fenómeno para que se concrete quién es el responsable en caso de accidentes.
La Corte de San Miguel sostuvo en su oportunidad que no se cumple en la especie una de las exigencias basales de la acción de protección.
Las gestiones pendientes inciden en autos penales relativos a delitos de tenencia ilegal de arma de fuego.
La información requerida de carácter pública, que obra en poder del órgano, y respecto de la cual no se alegó la concurrencia de alguna causal de reserva legal.
Las recurrentes estimaron haberse vulnerado la igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
