La publicidad de dicha información afectaría el secreto industrial, y generaría un perjuicio económico a la farmacéutica reclamante, en los términos del artículo 21 Nº2 de la Ley de Transparencia.
El fuero de maternidad es de naturaleza constitucional y, por tanto, debe garantizarse en cualquier tipo de relación laboral o contractual. De esta manera, el juez constitucional está autorizado para intervenir y hacer efectiva la garantía constitucional de protección a la mujer embarazada.
Amplia el conjunto de herramientas de supervisión de la CMF, fortalece la regulación de ciertos actores, como el caso de las cooperativas de ahorro y crédito; y robustece el sistema financiero a través de un mayor uso de la infraestructura de pagos del Banco Central de Chile.
Los recurrentes reconocen que no poseen los permisos necesarios para instalarse en la calle y comerciar bienes, por lo que la magistratura estimó que mediante la acción cautelar no pueden pretender revestir de legalidad una actividad informal, pues ello implicaría un ejercicio abusivo del derecho que consagra el artículo 20 de la Constitución.
Reiteradamente se ha ordenado al Estado el cese de las agresiones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en resoluciones que han sido contumazmente desconocidas por el mismo, que ha anunciado de manera explícita y contundente su decisión de no cumplirlas. Esto significa desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos un acto de extrema gravedad.
Desde el lunes 1 de enero comenzó a regir el nuevo sistema de royalty para la gran minería. Iniciativa que fue aprobada y despachada por el Congreso el pasado 17 de mayo.
El recurrente fue sancionado conforme a derecho según los reglamentos internos de la institución, por la comisión de faltas gravísimas, como no ejercer adecuadamente la supervisión administrativa de su compañía, y dar a conocer asuntos administrativos en reuniones de oficiales. La medida se ajustó a derecho y durante todo el procedimiento el actor estuvo en conocimiento de los cargos investigados, y tuvo la posibilidad de controvertir.
La resolución que degradó a la recurrente carecía de la motivación suficiente -exigida a cada acto administrativo-, brindado a la rebaja de la remuneración una mera apariencia de formalidad y seriedad, por lo tanto, la actora debe ser repuesta en el grado 5º con el debido pago de la diferencia de los montos que dejó de percibir mientras se mantuvo en el grado inferior.
La Corte Suprema razona que la factura es un título causado, vinculado a la convención de la que ha nacido, de modo que la excepción de nulidad de la obligación resulta procedente y puede ser oponible al cesionario, debido a la naturaleza del título y a que no fue cumplida adecuadamente la ritualidad para dar a conocer la cesión de las facturas al municipio ejecutado.
La “posición laboral” mencionada en el tipo penal no es aquella fundada en la jerarquización de los empleos en el ámbito laboral y ni en la relación de dependencia y subordinación entre jefe subalterno en los términos señalados por la recurrente, pues lo comprendido en la norma penal es el aprovechamiento de la superioridad respecto de quien se encuentra en un nivel de desigualdad en razón del oficio que ocupa.
