Los efectos negativos que la terminación del mandato había tenido en sus vidas privadas no cruzaron el umbral de gravedad necesario para aplicar el artículo 8 del Convenio. No hubo ningún impacto significativo en sus ingresos ni se cuestionó su desempeño profesional.

Los límites impuestos por el legislador al ejercicio del derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado y respetuoso de la salud deben estar vinculados a exigencias constitucionales o justificadas por razones de interés general, y ser proporcionales al objetivo perseguido.

El proyecto apunta a establecer la institucionalidad necesaria para robustecer la ciberseguridad, ampliar y fortalecer el trabajo preventivo, la formación de una cultura pública en materia de seguridad digital, enfrentar las contingencias en el sector público y privado, y resguardar la seguridad de las personas en el ciberespacio.

La Corte Suprema hizo lugar a la acción, al observar que la AFC ha demorado más de 13 años en cobrar los montos adeudados, lo que produjo un aumento en los intereses que es imposible de asumir por el amparado, debido a su precaria situación económica actual, hecho que en la especie despoja de efectividad al apremio y se constituye en un castigo desproporcionado para el actor.

Los hechos denunciados resultaron veraces. Efectivamente, se acreditó la sustracción de los valores cuestionados, pero lo que no pudo comprobarse es que el recurrente hubiera intervenido o conocido su origen ilícito. Esta circunstancia, aunque determinante para decretar su sobreseimiento, no resulta suficiente para que sea indemnizado en esta sede.

La víctima fue asaltada en su domicilio por el acusado y otro coimputado, y dejó testimonio de los hechos en su declaración, la que fue incorporada como prueba en la audiencia preparatoria. Posteriormente -y antes del juicio oral- la víctima falleció debido a un cáncer que le afectada, por lo que su declaración fue incorporada según las reglas del artículo 331 del Código Procesal Penal, por lo que tal prueba no puede ser considerada como atentatoria del principio de inmediación. El máximo Tribunal rechazó el arbitrio de nulidad y confirmó la condena.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las acciones de fiscalización que ejecute por irregularidades de que conozca por denuncias u otro medio.

La negativa no estaría protegida por el derecho que tendría todo investigado a guardar silencio, con el objeto de no auto incriminarse, ya que ésta se aplicaría solo a la toma de declaración, sin que la misma pueda extenderse a otras diligencias, como sería el caso de la toma de muestra de voces, cuyo objeto no sería recabar sus declaraciones, sino únicamente recabar sus voces, para la realización de las pericias fonéticas correspondientes.

Es decir, ante un escenario de posibles oferentes que tienen el mismo producto bajo diferentes estándares normativos, corresponde al Instituto de Salud Pública (ISP) regular previamente la materia.

La finalidad de las vacaciones anuales retribuidas es permitir que el trabajador descanse de las tareas que le incumben según su contrato de trabajo y que disponga de un período de ocio y esparcimiento. A diferencia de una enfermedad, un período de cuarentena no impide, en sí mismo, la consecución de estos fines.