La acción de inaplicabilidad se interpone en relación a un proceso seguido ante un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) en el que se dictó sentencia condenatoria en contra del requirente.
El Tribunal concluye que la acción de inaplicabilidad carece de un requisito esencial de admisibilidad, esto es, que exista la probabilidad de que el precepto legal impugnado pueda ser aplicado.
La resolución que se pronunció sobre la incidencia de previo y especial pronunciamiento, que fue la que dio origen a la gestión en que incide el requerimiento, al encontrarse ejecutoriada, hace que no pueda estimársela ya pendiente, por lo que si en ella no podrá recibir aplicación el precepto objetado la acción es inadmisible, sin perjuicio de que la causa ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso prosiga su tramitación.
Ello, por cuanto representa un derecho y no un tributo por lo que la ley que confiere atribuciones a las municipalidades para fijarlo y cobrarlo, no infringe la Carta Fundamental.
El TC desestimó la cuestión de admisibilidad, ya que aun cuando se alegue que el precepto legal impugnado se encuentra derogado el Pleno del Tribunal debe pronunciarse, reiterando, de otra parte, criterios uniformes de que basta que exista la probabilidad de que la norma tachada sea aplicada para quedar obligado a emitir decisión.
La norma impugnada dispone que al conceder este beneficio el tribunal establecerá un plazo de observación que no será inferior al de duración de la pena, con un mínimo de un año y máximo de tres, e impondrá las siguientes condiciones que el reo deberá cumplir: «d) Satisfacción de la indemnización civil, costas y multas impuestas por la sentencia».
La cuestión se remonta a la época en que correspondía al Pleno de la Corte Suprema declarar la inaplicabilidad, por causa de inconstitucionalidad, de todo precepto legal.
La iniciativa propone reemplazar ese día por el 20 de mayo de cada año, para evitar que coincidan “dos fechas importantes de naturaleza totalmente diversa”
La iniciativa legal conserva algunos elementos de la ley N° 18.603, que por razones de técnica legislativa se propone sustituir íntegramente.
«El Tribunal se encuentra obligado a respetar la competencia de los jueces del fondo y a aplicar el principio de deferencia razonada hacia los poderes del Estado».
