El Senado sometió al control obligatorio de constitucionalidad a cargo del TC el proyecto de ley sobre acceso a la información pública que, en su artículo 1º aprueba la Ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado.

La norma exige consignar un tercio de la multa impuesta para que el juez le dé curso a la demanda de reclamo.

Se establece así, en Carta Fundamental, la institución del fideicomiso ciego que se orienta en la idea de concretar el valor constitucional de la transparencia y también para prevenir conflictos de interés.

De aprobarse la reforma constitucional deberá enviarse a tramitación un proyecto de ley que tendrá que regular el sistema electoral aplicable a la elección de consejeros, fijar el número de integrantes que tendrá cada CORE, la base territorial y fecha de la elección, entre otras materias.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Diputados de todos los partidos políticos con representación parlamentaria (Ascencio, Burgos, Bustos, Cardemil, Eluchans, Leal, Palma, Valcarce, Vargas y Walter).

El TC resuelve que existe gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial desde que sólo basta una acción interpuesta, aunque no esté proveída ni notificada, y que en ella el requirente tiene la calidad de “parte reclamante”, pues habiéndose presentado demanda no se le ha puesto término por resolución con efecto de cosa juzgada, resultando indiferente que se encuentre momentáneamente estática.

La Magistratura reitera que la acción de inaplicabilidad tiene por objeto examinar la constitucionalidad de un precepto legal cuya aplicación en una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial se impugne por estimarse contrario a la Constitución.

El requerimiento se acogió sólo en cuanto la tabla de factores contemplada en el artículo 38 ter de la Ley Nº 18.933, e incorporada al contrato de salud de la requirente, en base a la cual se incrementó el precio de su plan de salud por efecto del factor etario que la afecta, no podrá ser aplicada para resolver la acción de protección en la que incide, por contravenir al derecho a la protección de la salud.

Como lo ordena el artículo 126 bis de la Constitución, por dos estatutos especiales que establecerá una ley orgánica constitucional. Mientras esa legislación no se dicte, dichos territorios especiales continuarán rigiéndose por las normas comunes vigentes en materia de división político-administrativa y de gobierno y administración interior del Estado.

El TC acogió el requerimiento presentado por parlamentarios de la Alianza por Chile para declara inconstitucional el D.S. Nº 48, de Salud, que aprueba las “Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad».