La norma impugnada dispone que al conceder este beneficio el tribunal establecerá un plazo de observación que no será inferior al de duración de la pena, con un mínimo de un año y máximo de tres, e impondrá las siguientes condiciones que el reo deberá cumplir: «d) Satisfacción de la indemnización civil, costas y multas impuestas por la sentencia».

La cuestión se remonta a la época en que correspondía al Pleno de la Corte Suprema declarar la inaplicabilidad, por causa de inconstitucionalidad, de todo precepto legal.

La iniciativa propone reemplazar ese día por el 20 de mayo de cada año, para evitar que coincidan “dos fechas importantes de naturaleza totalmente diversa”

La iniciativa legal conserva algunos elementos de la ley N° 18.603, que por razones de técnica legislativa se propone sustituir íntegramente.

«El Tribunal se encuentra obligado a respetar la competencia de los jueces del fondo y a aplicar el principio de deferencia razonada hacia los poderes del Estado».

Los diputados Escobar, Espinoza, Issasi, Meza, Monsalve, Peréz Arraigada, Saffirio, Sepúlveda, Sule y Venegas proponen modificar la Carta Fundamental para “buscar formulas prácticas que permitan al Pueblo ejercer su derecho soberano sobre Chile”, ya que la referencia al  pueblo que se hace en el articulo 5 de  la Constitución, que es quien ejerce la soberanía […]

La Primera Sala del TC, por unanimidad, declaró inadmisible un requerimiento de  inaplicabilidad por el que se impugnaba el artículo 64 de la Ley Nº 19.300 y una norma de su Reglamento, en el contexto de un reclamo de ilegalidad. Interesa esta sentencia, entre otras consideraciones, por cuanto para pronunciar la inadmisibilidad el TC reitera […]

Interesa la sentencia, entre otras consideraciones, por cuanto el TC reitera que no procede la acción de inaplicabilidad si la cuestión sometida a su decisión incide en un conflicto de interpretación legal o atañe al mérito de la norma impugnada, por ser ello ajeno al ámbito de sus atribuciones en esa sede.

La eliminación de la facultad judicial de no dar curso a la demanda por no presentarse antecedentes suficientes que hagan plausibles los hechos en que se funda, concluye la sentencia, no vulnera los derechos a la igualdad ante ley y la justicia, ni las garantías del debido proceso.

La CS estimó que se estaba frente a una actuación administrativa de innegables efectos jurídicos, pues el órgano fiscalizador consideró al dueño de la obra, empresa o faena (Codelco) como empleadora de los trabajadores comprendidos en el proceso de fiscalización, tanto más si se la conminó para que dentro de un plazo de 15 días corrigiera el régimen laboral fiscalizado bajo apercibimiento de aplicación de multas.