En materia de financiamiento, se propone modificar la Ley Nº19.884, sobre transparencia, limite y control del gasto electoral.
Los legisladores exponen que de acuerdo a la Constitución las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas solo por Carabineros e Investigaciones, constituyen la fuerza pública, existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas, y que dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.
Se planteó que el precepto legal impugnado vulneraba el artículo 19 Nº 3 de la Constitución al no describir de modo expreso y completo la conducta punible.
En síntesis, constituye una barrera injustificada y carente de razonabilidad al derecho de acceso a la justicia, que forma parte de la garantía de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y del derecho a defensa en un procedimiento racional y justo, que consagra la Carta Fundamental (art. 19 Nº 3).
En sede de un juicio ordinario laboral la Corte de Apelaciones de Talca solicitó “pronunciamiento respecto de la eventual inaplicabilidad en razón de inconstitucionalidad” del Reglamento sobre Evaluación Docente, aprobado por D.S. Nº 192, de 30 de agosto de 2004, del Ministerio de Educación, así como de la Resolución Exenta Nº 5.639, de 30 de junio de 2005, de la misma Secretaría de Estado.
En fallo dividido TC declaró inconstitucional norma que establecía una excepción a la inhabilidad prevista en la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado (LOCBGAE) que iba a favorecer al personal del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Razona, además, que el acto de declaración de una candidatura se perfecciona al tiempo de su presentación ante el Servicio Electoral, por lo que el examen practicado por ese organismo debe ajustarse a la manifestación de voluntad expresada en esa oportunidad legal, de lo que se sigue que la causal de rechazo invocada fue correctamente aplicada.
El Tribunal Electoral Regional (TER), al confirmar lo resuelto por el Servel, tuvo presente que la Ley 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, establece que la declaración de candidatura deberá ser suscrita, en todo caso, por el candidato o mandatario designado especialmente al efecto.
El requirente señala que el fiscal se niega a formalizar una investigación iniciada por querella del ofendido, lo que sólo podría hacer cuando previamente no se hubiere producido la intervención del juez.
Se interpuso reclamo en contra de una resolución de la Directora Regional del Servicio Electoral (Servel) que rechazó una declaración de candidatura como candidata independiente a concejal por encontrarse aquella afiliada a un partido político, al que si bien habría renunciado el 31 de marzo de 2008 tal circunstancia no fue comunicada oportunamente al Servicio Electoral.
