Se interpuso reclamo en contra de una resolución de la Directora Regional del Servicio Electoral (Servel) que rechazó candidaturas a concejal declaradas como afiliadas a un partido político, por cuanto contiene más candidatos que cargos a elegir. Se alegó que se trataba de una mera equivocación al haberse incluido en la declaración respectiva 4 candidatos […]

El Tribunal Electoral Regional (TER), al confirmar lo resuelto por el Servel, tuvo presente que el artículo 30 de la Ley Nº 19.884 dispone que los candidatos a Concejal o Alcalde deben nombrar un Administrador Electoral, el que actuará como mandatario respecto de las funciones de control de los ingresos y gastos electorales que esta ley le asigna.

La solicitud fue formulada por un grupo de ambientalistas que denuncian al Secretario de Estado por no haber hecho uso de los medios a su disposición para exigir la instalación de los filtros en los buses del Transantiago a fin de evitar, en parte, la contaminación atmosférica que afecta a la capital.

Los Ministros Fernández Baeza y Venegas estuvieron por aplicar en este caso lo preceptuado en el artículo 39, en relación con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 41, ambos de la LOC del Tribunal Constitucional, en el sentido de otorgar plazo para subsanar los defectos de la acción o completar los antecedentes que hubieren sido omitidos.

La iniciativa se discutió junto a otras enmiendas a la Carta Fundamenta, vinculadas entre sí, que fueron refundidas en su tramitación por la referida Comisión y que dieron origen a un solo informe.

El requerimiento fue desestimado por el TC razonando que para que la aplicación del precepto legal sea contraria a la Constitución, es menester que ella sea el antecedente directo del efecto o consecuencia inconstitucional.

El nuevo diputado ejercerá sus funciones por el tiempo que faltaba a quien originó la vacante.

Entre otras enmiendas el proyecto de ley consultaba la creación de un registro electoral con la nómina de todas las personas, nacionales o extranjeras, que cumplieran con los requisitos constitucionales y legales para ejercer el derecho a sufragio, como también de quienes tuvieren aquel derecho suspendido o hubieren perdido la ciudadanía.

La forma de actuar de un servicio público no satisface –dice el TC- las exigencias mínimas de un racional y justo procedimiento…

La sentencia pone de relieve que el precepto constitucional invocado (art. 19, Nº 7, letra i) autoriza el ejercicio de la acción indemnizatoria sólo respecto de quien ha sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia, y que en el actual Código Procesal Penal no existe la antigua resolución por medio de la cual se sometía a proceso a un inculpado.