La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad sustancial, confirmando el fallo de primer grado que acogió una demanda de precario, al considerar que la recurrente intentó invocar hechos que no planteó en su defensa durante el procedimiento, lo que infringe la igualdad de armas entre litigantes.

Revocó la decisión de primer grado, al estimar que el Fisco no puede actuar de forma diferente y desconocer los beneficios otorgados a la demandante en el marco de la “Ley Navarino”, pues queda en evidencia la contradicción del ente al autorizar el funcionamiento de la empresa, y al mismo tiempo acusar que aquella no cumple los requisitos para beneficiarse de la franquicia tributaria.

El recurrente no ha logrado demostrar adecuadamente que las promociones del “3×2” en productos seleccionados y la del 25% de descuento en las compras a realizarse en el marco del “Hot Sale”, eran mutuamente excluyentes. Ello, toda vez que la denunciada no ha podido rebatir los dichos ni la prueba acompañada respecto de la vigencia y acumulación de las promociones aludidas, ni demostrar cuáles eran las bases y condiciones que circunscribían.

La demandada intentó oponerse a la ejecución aduciendo que el monto reclamado por el acreedor era superior a aquel reconocido en el pagaré suscrito, argumento que la magistratura desestimó al considerarlo como una alegación de fondo, indicando que el libelo pretensor se da a entender claramente y no es inepto.

La denunciante no ha demostrado ser titular de derechos de autor sobre los materiales objeto de denuncia. Los elementos adicionales que aparecen sobre las imágenes (rectángulos que contienen frases o expresiones) tampoco presentan rasgos particulares que denoten un mínimo de originalidad, por lo que no pueden ser protegidos por el derecho de Autor.

El requerido intentó revertir la decisión indicando que fue juzgado penalmente en ausencia, argumento que fue desestimado por el máximo Tribunal, al sostener que tal idea no puede ser esgrimida en un procedimiento de extradición, pues debe ser planteada ante la autoridad competente en Colombia.

La normativa se aplica, en principio, desde el momento en que un nacional de un país tercero, tras entrar ilegalmente en el territorio de un Estado miembro, se halla en dicho territorio sin cumplir las condiciones de entrada, de estancia o de residencia, encontrándose, por esa razón, en situación irregular. Esto es así incluso cuando, como en el presente supuesto, la persona interesada ha sido interceptada en un paso fronterizo situado en el territorio del Estado miembro de que se trate.

La finalidad del derecho del consumidor a desistir de un contrato celebrado a distancia que tiene por objeto una prestación de servicios se cumple cuando el consumidor dispone, antes de la celebración del contrato, de una información clara, comprensible y expresa sobre el precio de los servicios objeto de dicho contrato, precio que se adeuda bien a partir del momento de celebración del contrato, bien a partir de una fecha posterior a esta.

En los últimos años, los esfuerzos por poner de relieve la importancia de respetar y garantizar los derechos de las personas mayores en las Américas y el Caribe se ha vuelto una cuestión de orden público internacional. La CIDH en 2017 creó la Unidad para los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, con la intención de profundizar su institucionalidad, desde el 2019 la Unidad se convirtió en Relatoría Temática.

Durante esta semana, el Consejo Constitucional completó la inclusión de contenido en el proyecto de la nueva Constitución. Este sábado 7 de octubre se hará entrega del informe a la Comisión Experta, quien se encargará de revisar la propuesta por última vez.