La Novena Sala del tribunal de alzada descartó que la entrega la información afecte comercialmente a las aerolíneas.
La Primera Sala del tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Bulnes, el 15 de septiembre recién pasado, que mantuvo al imputado recluido en el Centro Penitenciario de Chillán.
La magistrada Paola Plaza estimó concluida la etapa investigativa.
La instancia internacional está en Chile por segunda vez, tras la invitación del titular de la Cámara Alta quien atendió la solicitud de un grupo de senadores. En la oportunidad, manifestaron la importancia de contar con un compromiso político en el proceso.
La idea es que, a fines de octubre, la Sala del Senado vote en general y particular el mensaje para que pase a segundo trámite. En tanto, se anunció que el Minsal pedirá nueva prórroga de la aplicación del fallo.
La Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución dictada el pasado 4 de septiembre, al considerar que el hecho descrito en la querella no es constitutivo de delito por ausencia de antijuridicidad material.
La Octava Sala del tribunal de alzada consideró que la autopista es responsable por falta de cumplimiento de las condiciones de seguridad de la vía.
La Primera Sala del tribunal de alzada acogió las acciones de amparo al considerar que el actuar de los recurridos ha sido arbitrario.
Garantizar el acceso a la información ambiental es un deber del Estado. Así lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los preceptos impugnados junto con la regulación ambiental que ha sido invocada en esta sentencia, no sólo se ajustan plenamente y desarrollan el principio de publicidad dispuesto en nuestra Constitución Política, sino que también a las reglas del Acuerdo de Escazú que comprometen a Chile.
La Isapre CONSALUD invocó un supuesto delito cometido por el denunciante -hecho que resultó ser falso- para terminar el convenio, sin dar mayores explicaciones al actor, lo que vulneró el deber de brindar información oportuna al consumidor. La empresa fue multada y además debe pagar 5 millones pesos en favor del demandante, por daño moral.
