Resultan graves los hostigamientos en la vía pública, las llamadas amenazantes a números privados del juez, las manifestaciones públicas con artefactos pirotécnicos frente a su residencia y las manifestaciones con discursos agresivos dirigidos en su contra frente a su sitio de trabajo. Estas situaciones ponen en riesgo su vida e integridad personal y la de su núcleo familiar, además de generar intimidación, angustia y temor.

El derecho a la vida es una de las disposiciones más fundamentales de la Convención, por lo que las autoridades están obligadas a rendir cuentas del trato dado a las personas bajo custodia policial debido a su posición vulnerable. Respecto de las lesiones y muertes que se producen durante las detenciones, se puede considerar que la carga de la prueba recae en las autoridades, que deben proporcionar una explicación satisfactoria y convincente al ocurrir estos hechos.

A los fines de responsabilizar al Estado por una falla en la prestación de un servicio público no se requiere la individualización del sujeto ni la acreditación de su negligencia o culpabilidad. La irregularidad del servicio deviene del incumplimiento de los deberes legales a cargo de la Administración Pública, como también la comprobación del funcionamiento defectuoso se da al verificarse el evento dañoso y el deber normativo infringido.

La Novena Sala del tribunal de alzada descartó que la entrega la información afecte comercialmente a las aerolíneas.

La Primera Sala del tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Bulnes, el 15 de septiembre recién pasado, que mantuvo al imputado  recluido en el Centro Penitenciario de Chillán.

La magistrada Paola Plaza estimó concluida la etapa investigativa.

La instancia internacional está en Chile por segunda vez, tras la invitación del titular de la Cámara Alta quien atendió la solicitud de un grupo de senadores. En la oportunidad, manifestaron la importancia de contar con un compromiso político en el proceso.

La idea es que, a fines de octubre, la Sala del Senado vote en general y particular el mensaje para que pase a segundo trámite. En tanto, se anunció que el Minsal pedirá nueva prórroga de la aplicación del fallo.

La Segunda  Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución dictada el pasado 4 de septiembre, al considerar que el hecho descrito en la querella no es constitutivo de delito por ausencia de antijuridicidad material. 

La Octava Sala del tribunal de alzada consideró que la autopista es responsable por falta de cumplimiento de las condiciones de seguridad de la vía.