La norma permite establecer cada tres años qué unidades podrán contar con esta tecnología. El costo de implementación es cercano a los 7 mil millones de pesos.
Sin mayores explicaciones, ni menos investigación, la falta gravísima de portar armas en la escuela devino en que el arma no era tal, sino que se trataba de una pistola de juguete, lo que hace variar la naturaleza de la falta.
En 2017, el Consejo de Europa dictó una serie de medidas restrictivas contra Venezuela, debido al deterioro de los derechos humanos en el país, y a la degradación en materia de democracia y Estado de derecho. En virtud de estas medidas se prohibió la venta de equipamiento militar y de orden público que pudiera ser utilizada por el régimen venezolano para reprimir a sus opositores.
Fijará las remuneraciones del presidente de la República, de los miembros del senado y cámara de diputados y diputadas; de los gobernadores, funcionarios de exclusiva confianza, entre otras autoridades.
Según el texto de la demanda, Google ignoró deliberadamente las notificaciones de los lugareños de la zona, que solicitaron a la compañía actualizar la información de la ruta para prevenir eventuales accidentes.
Resultan graves los hostigamientos en la vía pública, las llamadas amenazantes a números privados del juez, las manifestaciones públicas con artefactos pirotécnicos frente a su residencia y las manifestaciones con discursos agresivos dirigidos en su contra frente a su sitio de trabajo. Estas situaciones ponen en riesgo su vida e integridad personal y la de su núcleo familiar, además de generar intimidación, angustia y temor.
El derecho a la vida es una de las disposiciones más fundamentales de la Convención, por lo que las autoridades están obligadas a rendir cuentas del trato dado a las personas bajo custodia policial debido a su posición vulnerable. Respecto de las lesiones y muertes que se producen durante las detenciones, se puede considerar que la carga de la prueba recae en las autoridades, que deben proporcionar una explicación satisfactoria y convincente al ocurrir estos hechos.
A los fines de responsabilizar al Estado por una falla en la prestación de un servicio público no se requiere la individualización del sujeto ni la acreditación de su negligencia o culpabilidad. La irregularidad del servicio deviene del incumplimiento de los deberes legales a cargo de la Administración Pública, como también la comprobación del funcionamiento defectuoso se da al verificarse el evento dañoso y el deber normativo infringido.
La Novena Sala del tribunal de alzada descartó que la entrega la información afecte comercialmente a las aerolíneas.
La Primera Sala del tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Bulnes, el 15 de septiembre recién pasado, que mantuvo al imputado recluido en el Centro Penitenciario de Chillán.
