La situación de inestabilidad de la recurrente y sus hijas se vería agravada por una destinación que la desarraigue del lugar en que pueden ser tratadas.
El término extraordinario de dos días no implica que se trate de un término total de 12 días, por cuanto no se exige por el legislador que el juez dicte la resolución respectiva al vencimiento del décimo día, lo que denota que se trata de un plazo judicial.
Prohibición de ingreso a unidad penal fue impuesta a la pareja del imputado y no a éste, por lo que sus garantías no pueden verse afectadas pues no fue él el sancionado.
Dictaminó que los artículos 330 al 334 del Código Penal Federal, que hacen punible el aborto, son inconstitucionales por violar los derechos de las mujeres gestantes. Del mismo modo, señala que estas normas configuran una discriminación por razón de género al imponer la maternidad por sobre la libertad sexual de las embarazadas.
La consulta efectuada por un agente de Carabineros, al notar un elemento tubular similar a una escopeta en la parte trasera de la camioneta en que circulaba el acusado, corresponde a una actividad investigativa mínima permitida durante el contexto de una detención por delito flagrante.
Se canceló la licencia de conducir del imputado, acusando reincidencia en delitos relativos a la Ley de Tránsito, en circunstancias que, el artículo 104 del Código Penal prohíbe la consideración de sentencias previas para efectos de aumentar la magnitud de penas principales o accesorias, como ocurrió en la especie.
La simulación ante un dispositivo electrónico haciéndose pasar por quien no se es para que éste lleve a cabo la operación comercial, basta para calificar la conducta como delito de estafa.
Al no realizar ninguna actuación útil para explorar la posibilidad de que la ex cónyuge del amparado apruebe la forma de pago propuesta u otra, se amenaza su libertad personal con infracción a la Constitución y las leyes.
La recurrente pretende que sea declarada la vulneración de ciertos derechos constitucionales por la actuación arbitraria e ilegal de un grupo de personas, pero ello no aparece claro de los antecedentes allegados.
El requisito del arraigo busca salvaguardar la rendición de cuentas por quienes ejerzan la función pública notarial. Para que el interés público sea protegido, se requiere contar con la seguridad de la existencia de un vínculo estrecho de la persona notaria con el Estado. En el presente caso el solicitante nunca tuvo arraigo en Guatemala.
