La requirente no ha logrado explicar de qué manera en su caso concreto –una acción de tutela de derechos fundamentales ante la judicatura laboral− la norma produciría efectos inconstitucionales.

El máximo Tribunal anuló de oficio la sentencia al observar que la magistratura infringió el principio de congruencia, pues luego de acreditar la existencia de un monto pactado entre las partes desestimó la acción de cobro por un error formal en el monto pedido en el libelo, situación que evidencia una falta de consideraciones de hecho y de derecho que justificaron el fallo.

El consentimiento del demandado a que sus hijas menores de edad ocuparan el predio bajo cuidado personal de la demandada, es un vínculo jurídico que nace de las relaciones de familia entre las partes, y que habilita la ocupación.

El requirente alega que la norma legal objetada vulnera la dignidad humana, la igualdad ante la ley, las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que a falta de acuerdo sobre la indemnización compensatoria el juez la fijara y ordenará su pago en un plazo de entre 5 a 10 años, y solo con los reajustes e intereses que en ella se establecen.

Las víctimas sufrieron un accidente de tránsito luego de colisionar a una vaca que yacía muerta en una ruta de la comuna de Limache. El tribunal consideró configurada la falta de servicio por no ejecutar las medidas necesarias para la seguridad vial de la ruta en que ocurrió el evento fatal.

No se puede desfigurar o ampliar el amparo constitucional a hipótesis que la Constitución no contempla.

El requirente impugnó el artículo 97 del COT, que establece que las sentencias de la Corte Suprema no son susceptibles de recurso alguno. Sostuvo que la norma legal objetada infringe la igual protección en el ejercicio de los derechos, el principio de seguridad jurídica, el debido proceso, entre otras garantías, al no permitírsele recurrir en contra del fallo de una sala del máximo Tribunal.

Se modifica el Código Penal y la Ley N°19.913, de 2003.

El Fisco no puede desligarse de la responsabilidad subsidiaria que le compete respecto de los trabajadores de la demandada principal, asilándose en que es una entidad pública, argumento que contraviene los requisitos de la subcontratación establecidos en el artículo 187-A y siguientes del Código del Trabajo, por ende, debe responder por los incumplimientos de la empresa contratista hacia el demandante.

La Comisión de Constitución terminó con el estudio de las indicaciones presentadas a la iniciativa, que previamente había sido analizada por su par de Seguridad Pública.