El requirente alega que la ocurrencia de un accidente cerebro vascular le impide comparecer a absolver posiciones por lo que se le dará por confeso, lo que es contrario a la igualdad ante la ley, al debido proceso, al derecho a defensa, entre otras garantías constitucionales.

La medida de expulsión se adoptó en concordancia a su Reglamento Interno y se basó en diversas conductas que fueron constitutivas de infracciones tipificadas como falta muy grave. Además, los antecedentes se encuentran en conocimiento de la Superintendencia de Educación.

Queda en evidencia que el Municipio de Santiago ha adoptado la medida de realizar clases por vía telemática con la finalidad de asegurar la continuidad de las clases y el derecho a la educación de los estudiantes.

El tercero que contrata el servicio es quien establece las keywords (palabras clave) que dan lugar a que, al buscar dichos términos, se dispare el anuncio, razón por la cual la cuestión objeto del presente se encuentra, en definitiva, relacionada a cómo la competidora ha desplegado su actividad publicitaria, materia que resulta ajena a la acción intentada.

El requirente alega que no existe fundamento racional para someterlo a un proceso carente de garantías, que contraviene la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, la igualdad ante la ley, y otras garantías aseguradas en tratados internacionales.

Esta acción no resulta la vía adecuada para solicitar la sustitución de la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario total.

La empresa generó un perjuicio irremediable referido a la realización del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas del accionante, al vaciar de contenido el aporte que realiza el trabajador a la relación laboral, con lo cual se impactó su derecho de desarrollar el oficio elegido por él, la posibilidad de sentirse útil para la sociedad y ejercer su autonomía personal.

No consta la ubicación actual de la causa instruida por la Cuarta Fiscalía Militar de Santiago, ni tampoco sí en su oportunidad dicha causa ingresó a esta Corte, o si fue remitida al Juzgado competente para su conocimiento.

Esta es la correcta interpretación que el máximo Tribunal estimó respecto del artículo 88 de la Ley 16.744, al determinar la imposibilidad de renunciar a los derechos laborales que se consagran en dicha norma, pero tal impedimento no alcanza a las acciones civiles derivadas de accidentes del trabajo, las que pueden ser renunciadas previo acuerdo formal y expreso de las partes.

El máximo Tribunal informó que la norma en consulta no contiene disposiciones relativas a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.