El máximo Tribunal informó que la norma en consulta no contiene disposiciones relativas a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.
La Superintendencia de Seguridad Social no renovó la contrata de la reclamante, que acusó que el acto administrativo no estaba debidamente fundado, pues justificó el cese en una mala calificación, pero no acreditó haber cumplido con el procedimiento previo de evaluación, por lo que el Contralor dispuso su reincorporación.
La empresa puede ser multada con más de $7.500 millones de pesos por ruidos molestos producidos por la construcción.
La reproducción no se ajusta a los «usos honrados» de una obra ajena, aunque responda a la selección de una narración breve que ilustre las características esenciales de la obra literaria de su autor, en el marco de un libro sobre la literatura japonesa, resuelve el Tribunal Supremo de España.
La Comisión de Gobierno aprobó la indicación introducida por el Ejecutivo, en orden a mantener en la nomenclatura tanto la denominación “pueblos” como “etnias”. Ahora será el turno de la Comisión de Derechos Humanos, que se deberá pronunciar sobre la propuesta.
La Sala respaldó de manera unánime las indicaciones presentadas al proyecto que amplía los plazos de inscripción y desjudicializa algunos procedimientos a fin de facilitar los trámites, sobre todo en los sectores rurales.
En la audiencia de formalización, el magistrado Víctor Sanhueza Bravo ordenó el ingreso de Lizana Retamal, Rivera Tudela y Segovia Marín al Centro Penitenciario de Alto Hospicio por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 150 días el plazo de investigación.
El máximo Tribunal estableció error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que absolvió a 26 acusados y confirmó la de primer grado que los condenó como autores del homicidio.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar al considerar que está en riesgo el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación de los residentes del sector, en el cual se han registrado siniestros originados por la construcción.
El requirente estima que se limita de sobremanera la acción para impugnar el avalúo fiscal reduciendo las causales a ciertos casos de error de hecho.
