La requirente estima que la aplicación de la norma atenta contra la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.
La sentencia por la cual se expulsó a la actora no se encuentra actualmente firme, pues se impugnó vía recurso de apelación (mecanismo recursivo regulado en el Reglamento del Colegio profesional). Además, de no verificarse arbitrariedades, ilegalidades o conculcaciones de derechos fundamentales en el procedimiento disciplinario.
Los Ediles a pesar de nombrar a los Jueces de Policía Local –previa propuesta de las Cortes de Apelaciones respectivas-, no ejercen un control ni son superiores jerárquicos de tales Magistrados, quienes ejercen sus funciones con plena independencia de los funcionarios municipales.
La falta de asesoramiento legal independiente y de divulgación formal puede socavar la elección informada, pero no fue preocupante aquí porque el esposo no pudo señalar ningún prejuicio resultante: no hubo ninguna sugerencia de que la ausencia de estas salvaguardas socavara la integridad del proceso de negociación o la equidad del acuerdo.
El requirente alega que se le obliga a vender su inmueble a un precio muy inferior al de mercado, vulnerando sus garantías constitucionales.
Las personas que trabajan como guardias de seguridad, especialmente en establecimientos comerciales, no detienen a los delincuentes y se contentan con la devolución de las cosas que la persona está intentando sustraer.
Si bien la organización de la administración de justicia es competencia de los Estados miembros, el ejercicio de esta facultad debe respetar el derecho de la Unión Europea. Por ello, el régimen disciplinario aplicable a los jueces que puede tener que aplicar este derecho debe presentar las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen se utilice como instrumento de control político de sus actividades.
Al tratarse de una facultad discrecional de la autoridad, se debe ponderar las razones de buena administración procedentes para su ejercicio, a fin de asegurar la continuidad de los servicios.
El municipio alegó que el prestador original de los servicios cedió la factura a la ejecutante, con el único fin de dañar patrimonialmente las arcas municipales, argumento que fue desestimado por el máximo Tribunal, al no acreditarse en juicio la ilegalidad del título ni de la obligación contenida en él.
No concurren los requisitos necesarios que permitan instar esta jurisdicción mediante un procedimiento colectivo. De un lado, pues el interés individual de los asociados a la Cámara accionante, considerado aisladamente, justificaría la promoción de una acción con igual objeto que el aquí planteado y, por lo tanto, no se advierte que los integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir puedan ver afectado su derecho de acceso a la justicia.
