La aplicación del sistema vigente no permite configurar por vía interpretativa una nueva causa autónoma de desheredación basada exclusivamente, sin más requisitos, en la indiferencia y en la falta de relación familiar, puesto que el legislador no la contempla.

Se encuentra acreditado que el amparado sufre de un trastorno psiquiátrico, lo que, unido a la negativa del actor de hacer ingreso a otro módulo penitenciario, no constituye fundamento para ingresar al interno a aislamiento.

Mejora la articulación del Sistema Educativo en la provisión de educación por parte del Estado en todos los niveles con énfasis en lo regional y local, y otorga mayores flexibilidades para la organización interna de los Servicios Locales.

Si bien existió la posibilidad de postular al beneficio al cumplir con la mitad de la condena, dicho germen de derecho desapareció con la entrada en vigor de la Ley N°21.124, al modificarse el tiempo mínimo exigible.

La deficiencia física, mental o sensorial no perceptible a simple vista se denominará discapacidad invisible.

El máximo Tribunal interpretó en este sentido las normas de las leyes Nº21.226 y 21.379, al considerar que el término probatorio en el caso de autos se encontraba suspendido por la crisis sanitaria, por lo tanto, era improcedente acoger la solicitud de abandono opuesta por la parte demandada.

El ministro Delpiano observó, el uso de multiplicidad de normas extranjeras en materia de evaluación ambiental de proyectos; así como las dificultades en materia probatoria en causas de daño ambiental, como consecuencia de las complejidades técnicas de las mediciones que se efectúan.

El máximo Tribunal descarto yerro en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió parcialmente la demanda.

El Tribunal de alzada confirmó, en lo apelado, la sentencia pronunciada por el 30° Juzgado Civil de Santiago, con declaración que el monto reparatorio se aumenta a una suma más condigna a los perjuicios provocados.

El máximo Tribunal descartó yerro en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la de primer grado que acogió parcialmente la demanda de protección del interés colectivo de los consumidores, presentada por el Sernac.