Resolvió que el recurrente exhibió una conducta agresiva durante un partido de fútbol, al lanzar un objeto y vociferar contra hinchas rivales, lo que provocó el reproche social, especialmente ante la presencia de un niño afectado. Indicó que los medios de comunicación ejercieron su derecho a informar al difundir el video de los hechos, concluyendo que la libertad de prensa prevalece sobre el derecho a la honra del actor, quien, al actuar en forma pública y violenta, no puede exigir el silencio de los medios.

En su libelo solicita que se implementen medidas para asegurar que el Cesfam cumpla con los protocolos de atención al público y recepción de reclamos.

El emplazamiento administrativo es un acto formal que notifica a una persona sobre el proceso en su contra, otorgándole un plazo para comparecer ante la autoridad y hacer valer sus derechos, siendo un trámite esencial que, si se omite o realiza defectuosamente, puede dar lugar a la nulidad de lo obrado por transgresión del debido proceso.

El proyecto de ley establece que la participación en programas de educación sobre identidad de género, orientación sexual y sexualidad humana requerirá la aprobación previa de los padres. Bajo esta normativa, las autoridades educativas deberán informar a los padres y ofrecerles la posibilidad de optar por la participación de sus hijos en estos programas.

Resolvió que la aceptación de los hechos en la audiencia ante el juez de garantía constituyó una renuncia tácita a la prescripción de la acción civil, por lo que el plazo de prescripción no se había cumplido al momento de presentar la demanda de indemnización de perjuicios en sede civil.

No se esperaba que en el curso de “un baño de crema” se provocara a la clienta lesiones calificadas como gravísimas. Aun prescindiendo del deber de seguridad en materia contractual, de fecunda aplicación antes de la sanción del nuevo código, la acción descripta ha infringido objetivamente el deber de no dañar a otro.

El servicio de salud debe ser prestado de manera eficiente, con calidad y de manera oportuna antes, durante y después de la recuperación del estado de salud de la persona. Así, para la jurisprudencia, el principio de integralidad supone el deber de garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

Los miembros del Comité de Expertos para la Reforma a la Salud analizaron la necesidad de contar con un fondo de compensación de riesgo. Los parlamentarios insistieron en que el Gobierno debió ingresar el texto por el Senado.

Determinó que las críticas de la recurrente sobre la valoración de la prueba no constituyen faltas graves en la actuación judicial, y que este recurso no es un medio para revisar pruebas en una segunda instancia, sino para sancionar errores manifiestos en el ejercicio de la función judicial.

Los actos interruptivos del curso de la caducidad deben ser idóneos para impulsar el proceso y no meramente formales. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que los tramites tendientes al exclusivo interés de una de las partes, como lo son la renuncia y designación de nuevo letrado, al no afectar la causa principal del juicio, no revisten carácter impulsorio.