El proyecto, que pasó al Senado, dispone que para que los directivos de isapres reciban su remuneración, deberá certificarse el pago total de esta deuda.
En su libelo, denuncia que la recurrida no explica el origen de las deudas que compensó ilegal y arbitrariamente, y se niega a dar cumplimiento a una sentencia definitiva que ordenó remediar monetariamente las graves violaciones a los derechos humanos de que fue víctima.
En su libelo, la sociedad enfatiza que la ocupación ilegítima le priva de hacer uso del terreno y desarrollar los proyectos previstos, constituyendo una clara vulneración a su derecho de propiedad.
La Corte concluyó que, al haberse cesado la medida impugnada y no existir vulneración actual de derechos constitucionales, el recurso de protección carece de oportunidad y no puede prosperar.
Los jueces deben velar por que la privación de libertad se cumpla en forma acorde a los estándares mínimos fijados en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos –Reglas Mandela- y, en esa tarea, ordenar, en su caso, el cese de los actos u omisiones.
Resolvió que la autoridad migratoria atendió las consideraciones estipuladas en la Ley N°21.325 y no halló antecedentes suficientes que justifiquen la permanencia de la actora, evidenciado por la ausencia de vínculos familiares debidamente acreditados en Chile.
Resolvió que el contrato de cesión de derechos causó perjuicio a la masa de acreedores de la empresa deudora al establecer condiciones que se apartan de los precios de mercado y disminuir el patrimonio disponible para el pago de las deudas, ya que la empresa cedente, pese a haber pagado todas las cuotas del contrato de leasing para adquirir el bien, optó tácitamente por la compra de la prensa arrendada al no manifestar lo contrario, produciendo un detrimento injustificado a los acreedores.
La nueva Ley de Cumplimiento Tributario entrega herramientas al Servicio de Impuestos Internos para combatir la informalidad, la evasión, la elusión y el crimen organizado.
En atención al artículo 51 bis 1 de la Ley de Propiedad Industrial, el plazo se cuenta desde el momento de inscripción de la patente, y no desde la notificación de la sentencia del INAPI, por lo que los jueces del TPI debieron dar lugar a la protección y no declararla inadmisible, como ocurrió en la especie. La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada y no se podrá conceder un término de protección suplementaria superior a cinco años.
Con una contundente votación, la abogada se convierte en la primera mujer en ser nominada y en ocupar este cargo en la historia de esa institución.
