La ministra del Interior, Carolina Tohá, participó en la instancia legislativa donde confirmó la voluntad del gobierno de acelerar la tramitación de la norma.
En fallo dividido, el tribunal de alzada ratificó íntegramente la resolución de primera instancia.
La Comisión de Seguridad Ciudadana también comenzó a analizar otros proyectos referidos al robo por sorpresa o con violencia y uno que asegure el origen lícito de los honorarios de abogados defensores de imputados por ley de drogas.
El proyecto, que pasó al Senado, dispone que para que los directivos de isapres reciban su remuneración, deberá certificarse el pago total de esta deuda.
En su libelo, denuncia que la recurrida no explica el origen de las deudas que compensó ilegal y arbitrariamente, y se niega a dar cumplimiento a una sentencia definitiva que ordenó remediar monetariamente las graves violaciones a los derechos humanos de que fue víctima.
En su libelo, la sociedad enfatiza que la ocupación ilegítima le priva de hacer uso del terreno y desarrollar los proyectos previstos, constituyendo una clara vulneración a su derecho de propiedad.
La Corte concluyó que, al haberse cesado la medida impugnada y no existir vulneración actual de derechos constitucionales, el recurso de protección carece de oportunidad y no puede prosperar.
Los jueces deben velar por que la privación de libertad se cumpla en forma acorde a los estándares mínimos fijados en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos –Reglas Mandela- y, en esa tarea, ordenar, en su caso, el cese de los actos u omisiones.
Resolvió que la autoridad migratoria atendió las consideraciones estipuladas en la Ley N°21.325 y no halló antecedentes suficientes que justifiquen la permanencia de la actora, evidenciado por la ausencia de vínculos familiares debidamente acreditados en Chile.
Resolvió que el contrato de cesión de derechos causó perjuicio a la masa de acreedores de la empresa deudora al establecer condiciones que se apartan de los precios de mercado y disminuir el patrimonio disponible para el pago de las deudas, ya que la empresa cedente, pese a haber pagado todas las cuotas del contrato de leasing para adquirir el bien, optó tácitamente por la compra de la prensa arrendada al no manifestar lo contrario, produciendo un detrimento injustificado a los acreedores.
